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Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condena a la Comunidad de Madrid a devolver 4.937.184 euros a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid.
Este dinero corresponde a una subvención que el Ministerio de la Vivienda (ahora Fomento) concedió en marzo de 2010 a la empresa pública ripense como apoyo para promover la construcción de vivienda protegida en suelo público en un porcentaje superior al 50%.
El resultado de aquella inversión municipal en vivienda pública se puede comprobar en el bulevar del barrio de La Luna, totalmente finalizado.
La EMV cumplió (incluso con un porcentaje mayor de lo establecido) su compromiso y la Comunidad de Madrid retuvo esa ayuda durante casi ocho años. El TSJM dictó en septiembre una sentencia firme en contra de la Comunidad de Madrid exigiéndole que devolviera esa cantidad, al tiempo que le condena el pago de las costas y de unos intereses de demora que pueden alcanzar 400.000 euros.
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha recordado que no es la primera vez que su Gobierno debe iniciar un litigio en el que la Justicia termina dándole la razón frente a la Comunidad de Madrid por negarse a cumplir con lo que marca la ley.
En el pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia que imponía al Canal de Isabel II la obligación de abonar al Ayuntamiento ripense 460.000 euros en concepto de impuestos no satisfechos vinculados a las obras de canalización de agua que realiza en la ciudad la empresa regional.
FRAUDE Y SOSPECHA
Para Del Cura, este nuevo varapalo judicial ejemplifica las prácticas abusivas que los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González han cometido con dinero público. «Nos gustaría saber en qué se usaron los casi 5 millones de euros que pertenecían, por derecho, al patrimonio de la población de Rivas y que obligaron al Ayuntamiento a endeudarse para acometer dichos pagos», reclama el alcalde ripense.
«El posible manejo fraudulento del dinero público ejercido por dirigentes del PP con cargos de responsabilidad en el gobierno regional, que ahora investigan los tribunales, nos lleva a sospechar del destino final de este dinero», subraya Del Cura, quien incluso plantea la posibilidad de que el Ayuntamiento de Rivas lleve este caso al ámbito de lo penal con una denuncia ante los tribunales de justicia.